Colaboración que trasciende ciclos: la nueva gobernanza climática

“La NDC dejó de ser una promesa internacional para transformarse en un mandato legal vinculante.”

                                                                                                                                 María Julia Arana

La trayectoria de María Julia Arana combina más de una década de trabajo en comunicación del cambio climático, cobertura en siete conferencias COP y asesoría estratégica para empresas, gremios e instituciones públicas en Chile. Su rol como Coordinadora Estratégica de la Alianza Unidos por la Acción Climática la coloca en el centro de un proceso inédito: convertir la NDC 3.0 en una hoja de ruta empresarial viable, con metas validadas científicamente y mecanismos de gobernanza que trasciendan ciclos políticos. Su experiencia en reportes bajo estándares GRI, SASB y TCFD, junto con su labor con el Comité Científico Asesor del Ministerio de Ciencia, la posiciona como una de las voces más informadas sobre cómo construir sostenibilidad con evidencia, métricas y estrategia. Esta entrevista profundiza en los aprendizajes de la COP30, las claves de la articulación público-privada y las prioridades que definirán el liderazgo climático de América Latina.

¿En su rol como Coordinadora Estratégica de la Alianza Unidos por la Acción Climática que vincula el sector público y privado de Chile, y tras haber acompañado la delegación chilena en la COP30, cuáles han sido los aprendizajes más relevantes sobre cómo conectar la “ambición nacional” (la NDC 3.0) con una hoja de ruta empresarial viable? ¿Qué factores están haciendo la diferencia en Chile que podrían replicarse en otros países latinoamericanos?

El aprendizaje más profundo de este proceso, y que considero el gran diferenciador de Chile, es haber entendido que la NDC 3.0 presentada este año trasciende la categoría de un simple documento de política pública. Se ha consolidado, en cambio, como una hoja de ruta para la inversión sostenible y una estrategia de desarrollo país alineada con el Acuerdo de París.

Gracias a la Ley Marco de Cambio Climático, la NDC dejó de ser una promesa internacional entregada a la Convención Marco de Naciones Unidas, para transformarse en un mandato legal vinculante; esta es una innovación crucial de Chile que demuestra la seriedad de nuestro compromiso climático.

Un aprendizaje de este proceso es que es clave la colaboración público-privada para la implementación de estas metas climáticas nacionales. Por ello, la Alianza Unidos por la Acción Climática, impulsada por las cinco organizaciones líderes en sostenibilidad del país (Acción Empresas, CCS, CLG Chile, Pacto Global Chile y Sistema B Chile), se propuso demostrar que es posible —y necesario— trabajar en espacios precompetitivos para elevar la ambición climática.

Como resultado tangible de esta sinergia, generamos un documento estratégico que selecciona 18 contribuciones de la NDC 3.0 donde el protagonismo del sector privado es indispensable. Para ello, consultamos a 19 gremios y 14 líderes de opinión, buscando la mejor forma de aterrizar estas metas a la realidad corporativa. Durante este ejercicio, nos dimos cuenta de un cambio de paradigma: las empresas no ven la NDC como una carga regulatoria, sino como una oportunidad estratégica para atraer inversión verde, fomentar la innovación tecnológica y posicionarse en mercados internacionales exigentes.

Hoy entendemos que alinear al país con estándares de trazabilidad y carbono neutralidad es un motor fundamental de competitividad. Recogiendo estas visiones, nuestro documento propone 5 ejes estratégicos de análisis y 6 lineamientos de acción concretos, diseñados para asegurar que la implementación de la NDC se logre en tiempo y forma.

En el contexto de la COP30 en Brasil que terminó hace pocas semanas, ¿cómo valora usted el paso de la fase de compromisos hacia la fase de implementación, tanto en las políticas de país como en la acción del sector privado? ¿Qué signos de madurez observa y dónde ve que aún hay “brechas” críticas?

Cuando consideramos que el Acuerdo de París cumplió 10 años en 2025 y que acabamos de cerrar la trigésima edición de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, parecería una obviedad hablar de “fase de implementación”. Sin embargo, la realidad es que, si el objetivo es limitar el calentamiento a 1,5 °C, el ritmo actual sigue siendo insuficiente.

A nivel global, aunque 163 gobiernos presentaron sus NDC 3.0 en 2025, la suma de estas metas lograría apenas una reducción del 12% de emisiones para 2035, muy lejos del 40% que la ONU nos exige para esa fecha. Hay una brecha de ambición evidente.

En el caso específico de Chile, la evaluación es mixta. Climate Action Tracker, la organización de referencia que analiza las NDCs, ha calificado nuestra NDC 3.0 como “Casi suficiente” (Almost sufficient). Su análisis es claro: la meta climática de Chile al 2035 aún no se alinea completamente con la trayectoria de 1,5 °C según su participación justa (fair share). No obstante, reconocen elementos muy positivos que debemos defender: Chile mantiene su compromiso de alcanzar el peak de emisiones en 2025, establece presupuestos sectoriales absolutos de mitigación y reafirma la descarbonización total para 2040. Falta por mejorar, pero la estructura está.

Por el lado empresarial, el desafío es pasar de la promesa a la evidencia de resultados. Ya no basta con declarar “seremos Net Zero”; hoy los inversores y la sociedad civil preguntan: “¿Cuál es tu CAPEX para los próximos 3 años para lograr eso?”. Esa exigencia de granularidad financiera es un signo de madurez innegable.

Sin embargo, persisten brechas. Hoy existen “mínimos comunes” que las empresas deben cumplir: fijar metas basadas en la ciencia, establecer objetivos intermedios en los tres alcances (1, 2 y, sobre todo, el crítico alcance 3) y gestionar riesgos climáticos. A esto se suma ahora la urgencia de incorporar medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza.

Aquí veo un desbalance: el sector privado sabe financiar mitigación (como paneles solares), pero aún le cuesta encontrar el modelo de negocio para la resiliencia hídrica o la restauración de ecosistemas.

Finalmente, la gran brecha sigue estando en la “S” de los criterios ESG: la dimensión social. En América Latina, una transición que no sea justa, que no incorpore a las comunidades locales y que no gestione el impacto en el empleo, está destinada al fracaso político y social. Esa es, sin duda, la gran deuda pendiente que nos deja la discusión en Belém.

La gobernanza efectiva de la sostenibilidad requiere alianzas sólidas entre Estado, empresa, sociedad civil y ciencia. ¿En su opinión, cuáles son los top 3 pilares operativos que caracterizan una alianza exitosa en este ámbito —por ejemplo, dentro del marco chileno— y cómo asegurar que esas alianzas generen resultados medibles, transparentes y sostenibles en el tiempo?

Construir alianzas no es algo sencillo y creo que no existe una receta para lograr resultados del trabajo articulado entre estos sectores que mencionas. Basándome en la experiencia de la Alianza Unidos por la Acción Climática, en el análisis de la NDC 3.0 y el trabajo realizado con los 19 gremios, identifico estos tres que surgieron como habilitadores para la articulación público-privada:

Institucionalidad que trascienda el ciclo político: cómo construimos confianza cuando el diálogo depende del gobierno de turno o se ve afectado por los ciclos políticos. Una de las barreras más críticas identificadas por el sector privado es la intermitencia del diálogo, que a menudo depende de voluntades personales o momentos políticos. Una alianza exitosa requiere institucionalizar mecanismos de colaboración a largo plazo. En Chile, esto se está materializando: la propia Ministra del Medio Ambiente confirmó que la NDC 2025 incluye una medida específica para institucionalizar los espacios de diálogo público-privado de manera formal. Sin esta estructura, la colaboración se diluye cada cuatro años.

Validación científica y datos (Data-Driven Trust): No podemos negociar sobre opiniones, sino sobre evidencia. El éxito de la gobernanza climática en Chile radica en que las metas no son arbitrarias; pasan por la validación de varios ministerios, la asesoría del Comité Científico (MinCiencia) y son conversados con el sector privado, lo que permite su construcción en conjunto. Para el sector privado, esto significa que la alianza debe operar sobre datos estandarizados. Herramientas como HuellaChile o los futuros reportes de riesgo climático bajo la norma de la CMF son esenciales.

Co-diseño de la “bajada” al sector privado: Es necesario traducir la NDC en Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación que funcionen como verdaderos “manuales de operación” para cada industria. Una alianza operativa exitosa es aquella donde el sector privado no solo recibe la regulación, sino que participa en el diseño de estos planes para asegurar su viabilidad técnica y económica.

Todo esto, junto con sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) robustos, son algunos de los ingredientes claves para construir confianza y diálogo. Además, se necesitan incentivos e inversiones para lograr resultados, con voluntad pura no se llega lejos.

Mirando hacia el periodo posterior a la COP30 (2026 en adelante), ¿qué prioridades estratégicas identifica para América Latina en términos de transformación estructural: tanto para atraer inversiones sostenibles, como para mejorar la gobernanza y fortalecer los mecanismos de alianzas público-privadas? ¿Y cuál es, específicamente, el rol que Chile puede jugar en ese escenario?

Mirando hacia el 2026 y más allá, América Latina debe dejar de verse como la víctima de los efectos del cambio climático o solo como un proveedor de recursos, para posicionarse como la potencia de soluciones basadas en la naturaleza. La bioeconomía es el camino de lograr competitividad con criterios alineados a los compromisos climáticos. Por un lado, considero que el futuro lo definirá el sector financiero. Para mover la aguja, necesitamos que el sector financiero meta el pie en el acelerador y se comprometa a movilizar las inversiones hacia la sostenibilidad. Como indica el análisis de UNEP FI, la prioridad es desarrollar productos financieros verdes (bonos, seguros climáticos) y mejorar la calidad de la información climática para que los bancos puedan evaluar riesgos reales y hacer inversiones significativas.

Por otro lado, la región debe posicionarse para exportar productos con baja huella de carbono (acero verde, cobre verde, alimentos regenerativos), aprovechando que la descarbonización se convertirá en un motor económico en sí mismo. Medidas arancelarias como el CBAM de la Unión Europea que incluye impuestos a ciertas commodities por su huella de carbono, nos indica que este tema ya no es solo ambiental sino de competitividad.

Finalmente, Chile está posicionado para jugar el rol clave en el escenario climático. Su rol en la diplomacia climática en las COP, junto con sus marcos institucionales pioneros, ofrece un “banco de pruebas” regulatorio que otros países pueden ver como un ejemplo. Somos el piloto de cómo una política de Estado trasciende los ciclos políticos. Además, Chile, por su litio y cobre cuenta con los recursos que el mundo necesita para descarbonizarse; tiene la oportunidad de ser el proveedor que garantiza la trazabilidad social y ambiental de esos minerales. Por último, Chile puede liderar demostrando que tiene activos de la naturaleza y aplica soluciones basadas en la naturaleza que le permitan distinguirse en el escenario internacional.

Finalmente, tras más de una década dedicada a la consultoría en sostenibilidad, comunicación estratégica y cobertura de las COP, ¿cuáles son los principios personales o profesionales que usted mantiene para asegurar que su trabajo no sea solo “participación en la conversación”, sino verdadero catalizador del cambio?

Mi trabajo está en constante evolución desde la primera vez que cubrí la Asamblea General de la ONU en 2016 o mi primera COP en 2018. He aprendido mucho desde entonces, y hoy creo que hay ciertas consideraciones que no deben faltar a la hora de comunicar estos asuntos. Por un lado, evitar el “hype” y cuestionar. Como periodista de formación, mi deber es preguntar el cómo y cuándo. Si una empresa anuncia una meta, pregunto por el plan de implementación o directamente por los resultados. La comunicación estratégica sin evidencia es solo ruido.

Por otro lado, es importante mantener la rigurosidad técnica y científica, pero ayudando a que sea comprensible para distintos públicos. Mi trabajo con el Comité Científico de Cambio Climático (MinCiencia) este año me enseñó mucho sobre cómo abordar la comunicación de la ciencia. Si bien mi asesoría se enfocaba a comunicar el trabajo del comité hacia el sector público, encontrar otros espacios y públicos me mostraba lo complejo que es mantener la rigurosidad científica y lograr impacto.

Finalmente, me considero optimista en los procesos de las COP y en los avances en cambio climático. Es un equilibrio fino para evitar caer en la “eco-ansiedad” o en el cinismo. Elijo conscientemente enfocarme en las soluciones y en los agentes de cambio. No se puede liderar una transformación desde el derrotismo. No siempre es fácil, pero recuerdo que al trabajar con empresas cuento con actores con poder para hacer cambios significativos en estos temas.

Factores clave 

  • La Ley Marco de Cambio Climático convirtió la NDC 3.0 en un mandato legal vinculante, un hito único en la región.
  • La Alianza Unidos por la Acción Climática seleccionó 18 contribuciones críticas de la NDC donde el rol privado es indispensable, con consulta a 19 gremios y 14 líderes de opinión. Para más información: https://unidosporlaaccionclimatica.cl
  • La brecha más grande de América Latina sigue siendo la dimensión social de la transición justa.
  • La bioeconomía y la exportación de productos de baja huella de carbono serán motores de competitividad regional.

La visión de María Julia Arana destaca por su capacidad de traducir metas climáticas complejas en rutas aplicables, mesurables y respaldadas por evidencia. Su aporte combina tres elementos cada vez más cruciales para la sostenibilidad de la región: rigor científico, capacidad de articulación público-privada y una profunda comprensión del valor reputacional y competitivo de la descarbonización. Su trabajo impulsa a las empresas a moverse del discurso a la ejecución, integrando métricas, tecnología y gobernanza para generar impacto social y económico real. De cara al futuro, su mirada proyecta a Chile —y a la región— como actores capaces de liderar la transición hacia una economía baja en carbono con estándares globales y propósito colectivo.

 

 

 

 



  

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