Millones de inmigrantes que solicitan tarjetas verdes, ciudadanía y otros beneficios pronto deberán revelar su información de redes sociales como parte de una nueva iniciativa de la Casa Blanca destinada a fortalecer los controles de seguridad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso el 5 de marzo de 2025, en el que se describen los planes para recopilar identificadores de redes sociales (nombres de usuario, pero no contraseñas) en nueve formularios de inmigración. Esta medida se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, titulada "Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública" , firmada por el presidente Trump el 20 de enero de 2025.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la medida ayudará a verificar la identidad de los solicitantes y evaluar los posibles riesgos de seguridad antes de otorgarles beneficios de inmigración.
¿Quiénes se verán afectados?
El USCIS estima que la política afectará a más de 3,5 millones de solicitantes anualmente, incluidas las personas que solicitan:
Ciudadanía (N-400)
Tarjetas verdes y ajustes de residencia permanente (I-485, I-829, I-751)
Estatus de asilo y refugiado (I-589, I-590, I-730)
Documentos de viaje y permisos de entrada (I-131, I-192)
La agencia insiste en que la recopilación de datos no se extenderá a mensajes privados o contraseñas, sino que se centrará en la actividad pública de las redes sociales.
Impacto potencial del cribado en las redes sociales
Si bien la Casa Blanca presenta la política como una medida de seguridad necesaria, defensores de la inmigración y expertos en privacidad advierten que podría tener graves consecuencias para los inmigrantes. Muchos temen que la política pueda provocar interpretaciones erróneas del contenido de las redes sociales, retrasos en la tramitación de solicitudes y una mayor vigilancia gubernamental.
“Esto creará un efecto disuasorio, ya que los inmigrantes se sentirán presionados a autocensurarse, temiendo que incluso publicaciones inofensivas puedan ser malinterpretadas”, dijo Sarah Martinez, abogada de inmigración con sede en Nueva York. “También está la cuestión de cómo se analizarán estos datos y si afectarán de forma desproporcionada a los solicitantes de ciertos países”.
Otros se preocupan por las inconsistencias en la aplicación de la ley, en particular dados los matices del lenguaje, el humor y las referencias culturales que podrían ser malinterpretados por los funcionarios de inmigración.
La propuesta está actualmente abierta a comentarios públicos. Las personas tienen 60 días para enviar sus comentarios a través del Portal Federal de Normas Electrónicas (ID de expediente USCIS-2025-0003). Una vez finalizado el período de comentarios, el DHS revisará las respuestas antes de decidir si implementará, modificará o retirará la norma.
De aprobarse, esta política marcaría una expansión significativa del uso de las redes sociales por parte del gobierno estadounidense en la investigación de inmigrantes, una medida que podría transformar la experiencia de millones de personas que buscan un futuro en Estados Unidos.